Estudio sobre la respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas

En el informe se han analizado las resoluciones judiciales sobre delitos contra la indemnidad sexual de menores en España durante los años 2010 a 2019, que alcanzan la cifra total de 455. Alternativamente, el texto ofrece un análisis del marco legislativo existente a nivel nacional e internacional, así como una serie de recomendaciones para frenar el impacto que este tipo de violencia sigue teniendo en nuestro territorio.

Los niños y niñas se encuentran especialmente desprotegidos frente a este tipo de violencia, que suele ser de carácter recurrente o continuo en el 64% de las veces. Los resultados del estudio muestran que el 98% de los agresores son hombres y que el 74% forman parte del ámbito familiar o del entorno cercano de la víctima. Asimismo, los delitos sexuales suelen perpetrarse en el propio domicilio del menor, seguido del domicilio del agresor, si bien los centros educativos donde se realizan actividades deportivas o lúdicas también suelen ser el escenario de los abusos en el 12,8% de los casos.

Las niñas, que constituyen el grueso de las víctimas (72%), suelen ser objeto principalmente de trata de abusos y agresiones sexuales (97,9%), mientras que los niños sufren este tipo de agresiones en un 53,16% de los casos, seguido de prostitución, corrupción de menores y pornografía en un 47,8%.

Otros datos de interés que ofrece el informe tienen que ver con graves carencias en la aplicación de las medidas condenatorias y en la falta de una perspectiva de género en los procedimientos judiciales. Por ejemplo, la pena de inhabilitación profesional a los condenados con ocupaciones que impliquen contacto con menores, que constituye una medida obligatoria desde la reforma penal de 2015, no se aplica en el 74% de las sentencias en las que se debería. A su vez, se ha registrado en líneas generales una disminución en el promedio de años de condena por delitos sexuales contra la infancia al comparar los datos recientes con el año 1995, a pesar de las reformas establecidas para adecuar la normativa estatal a las directrices europeas sobre abuso y explotación sexual de menores.

En lo que respecta a la realización de los informes psicológicos forenses, el documento señala que estos informes son incompletos puesto que no suelen considerar los daños a la integridad derivados de la violencia sexual sufrida, sino que se suelen centrar exclusivamente en la valoración de la credibilidad del testimonio de la víctima.

El documento señala algunas recomendaciones para avanzar hacia una mayor protección de los menores en nuestro territorio, entre las que se incluye la necesidad de ampliación del plazo de prescripción de este tipo de delitos, de forma que se compute desde que la víctima haya cumplido al menos 50 años, la mejora de la especialización y formación del personal de fiscalía, judicatura, abogacía, psicología y medicina forense, así como medidas en el ámbito educativo, tales como el desarrollo de protocolos de detección precoz, la adecuada formación del profesorado, la implementación de programas de educación afectivo-sexual, la mejora de la coordinación con las autoridades policiales y judiciales y la creación de centros de emergencia y servicios especializados, “de manera que las escuelas y otros espacios de atención asuman un grado de responsabilidad mayor en la prevención e intervención ante las violencias sexuales” (resumen sacado de Infocop Online).