Año: 2022
Autor: Mini, Margherita ; Escorial, Almudena ; García de Murcia, Mireya ; Ponce de León, Claudia ; Santaemilia, Beatriz ; Ibarra, Ricardo ; Guruceta, María ; Raimondi, Mariasole ; García Lamas, Ana ; Taravilla Herrera, Mabel
Lugar de Edición: Madrid
Editorial: Plataforma de Infancia
Año de edición: 2022
Páginas: 154 p.
Idioma: Español
Fuente: Plataforma de Infancia
Formato: Electrónico
Temáticas: General
Descriptores: derecho a la protección de la salud, discapacidad, educación, educación no formal, pobreza, administración de justicia, violencia, discriminación social, migrantes, juego, política familiar, derechos del niño, política de infancia, protección a la infancia, España, menores no acompañados, participación de la infancia, sistema de protección de menores
Resumen:
Este informe, realizado por las organizaciones de la Plataforma de Infancia y en el que han participado más de 165 personas expertas y más de 4.300 niñas, niños y adolescentes de todo el territorio español, analiza el estado de los derechos de la infancia en España de cara al VII ciclo de revisión sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. A través de este mecanismo de control, el Comité recoge las opiniones de la sociedad civil, las contrasta con las acciones del Estado para defender los derechos de la infancia y emite una serie de recomendaciones, llamadas Observaciones Finales, que los Estados deben poner en marcha en el siguiente ciclo. Las últimas recomendaciones que recibió España del Comité de los Derechos del Niño son de 2018.
Las organizaciones de infancia reconocen los grandes avances en materia de derechos de infancia que han tenido lugar en España, como la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), y de la LOMLOE, la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente o las medidas aprobadas para luchar contra la pobreza infantil, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los complementos de infancia o la garantía infantil.
Según la Plataforma de Infancia, es fundamental destinar recursos económicos a reducir la pobreza infantil y acabar con la falta de equidad. El riesgo de pobreza infantil en España ha aumentado del 27,4% en 2020 al 28,9% en 2021, representando la cifra más alta de pobreza infantil en los últimos 5 años; Mientras que la pobreza infantil afecta al 28% de los niños y niñas, las ayudas o becas comedor solo llegan al 11% del alumnado de educación obligatoria. Además, la tasa de abandono escolar temprano en España se situó en el 13,3 % en 2021, aún lejos del 9,7% que registra la tasa media de la UE; únicamente el 26,3% de los niños y niñas de familias con rentas más bajas acceden a la educación 0-3, frente al 62,5% de los niños y niñas con rentas más altas; lo que genera un problema de equidad desde edades tempranas.
Por otra parte, las organizaciones de infancia señalan la necesidad de que se lleven a cabo los desarrollos normativos necesarios para garantizar la protección integral frente a la violencia de la infancia que la LOPIVI ha proclamado. Entre estos destacan la aprobación de una ley que establezca la especialización de los órganos judiciales y la Fiscalía para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos contra niños y niñas; o los desarrollos autonómicos necesarios para poner en marcha con todas las garantías las figuras del coordinador de bienestar en el ámbito educativo y el delegado de protección en el ámbito del ocio y tiempo libre y el deportivo.
Llama también la atención que, desde 2016 España no cuente con un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia. Aunque, actualmente se está elaborando la Estrategia Nacional sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ENDIA) 2030, las organizaciones de infancia señalan que no es justificable que durante seis años España no haya contado con esta estrategia.
Otras de las recomendaciones que recoge el informe son poner en marcha una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales reembolsables; garantizar el acceso al comedor escolar a todos los niños y niñas en situación de pobreza; aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio; poner en marcha medidas para priorizar el acogimiento familiar y asegurar que la atención en centros de acogida es el último recurso; garantizar el nuevo procedimiento de evaluación de la edad incorpore los Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño y la jurisprudencia del Tribunal Supremo; garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad a todos los niños y niñas con discapacidad; o fortalecer los canales estables de participación infantil en los órganos de las Administraciones locales, autonómicas y estatales.
