Derechos, calidad de vida y atención a la infancia

El Consejo Económico y Social acordó la elaboración de un informe en el que se abordase la situación de la infancia en España, en perspectiva comparada, y las políticas que más directamente afectan a sus necesidades, con el propósito de identificar posibles carencias y ámbitos de mejora que nos permitan avanzar como país en la garantía de los derechos de la infancia y en su protección integral, elevando el bienestar y las oportunidades de los niños y niñas. En 2022 se inició el VII Ciclo dentro del sistema de control de la aplicación de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que culminará en 2024 con unas nuevas observaciones finales a España por parte del Comité de Derechos del Niño. Mediante el presente informe, el CES quiere contribuir al debate público de calidad en este ámbito.

El informe tiene el propósito de analizar la situación y las políticas del conjunto de la infancia en las mencionadas edades en España, sin por ello dejar de prestar una atención específica a la infancia en situación de desventaja socioeconómica en hogares de bajos ingresos, por concentrar esta una mayor frecuencia de situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión, todo ello en el contexto de las crisis de los últimos años y de las cicatrices sociales generadas. Mejorar los cuidados y la calidad de vida de la población infantil es uno de los retos más importantes, y al mismo tiempo uno de los mayores estímulos que tenemos como una sociedad dinámica que, desde hace décadas, está viviendo profundas transformaciones.

El presente informe se centra, en primer término, en la población de 0 a 12 años. Esta acotación responde a que, junto a la indudable relevancia de unas políticas de atención de calidad e inclusivas desde las primeras etapas vitales, cuando se están formando las capacidades básicas cognitivas, emocionales, afectivas y sociales durante la primera infancia, es necesario atender a su continuación en la etapa de educación primaria, donde tiene lugar la primera madurez y donde esas capacidades se deben afianzar y potenciar en entornos educativos y socializadores que deberán ser también inclusivos y de calidad. A lo largo de esos años debe poder contarse con recursos de detección precoz de posibles problemas en los niños y las niñas, tanto personales como procedentes de su entorno, que puedan lastrar su desarrollo pleno. Pero esta opción del informe no supone excluir la consideración de otros grupos infanto-juveniles cuando es necesario. En la medida en que lo permite la información disponible, se atiende de forma diferenciada a los grupos de edad de 0 a 6 y de 7 a 12 años.

En el diagnóstico de situación de la infancia se consideran, de forma transversal y de nuevo cuando la información lo permite, las variables personales de sexo, edad y nacionalidad, así como la variable territorial y las características diferenciadoras de los entornos urbano y rural.