Tanto el ordenamiento jurídico internacional, nacional como el autonómico son claros en sus mandatos al priorizar las medidas de protección familiares frente a las residenciales. Así, se exige que hay que favorecer el desarrollo de la vida de un menor en un entorno familiar, especialmente cuando se trate de personas menores de seis años, de manera que no se acordará el acogimiento residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada.

Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño en sus Observaciones Finales del 2018, Observación núm. 28, recomienda al Estado parte que acelere el proceso de desinstitucionalización, a fin de asegurar que la atención en centros de acogida se utilice como último recurso, y vele por que todos los centros de acogida restantes cumplan por lo menos unas normas de calidad mínimas.

La investigación científica tanto nacional como internacional tiene suficientemente demostrado que las instituciones, los centros de protección o los hogares de acogida, no son lugares adecuados para el buen desarrollo infantil. Así, parece claro que la «primacía del interés del menor» se reconoce de manera efectiva cuando niños y niñas son situados en un contexto que garantizan al máximo su buen desarrollo. De igual forma, cuando se evita su ingreso en centros colectivos en los que muy difícilmente pueden darse las condiciones adecuadas para su desarrollo.

Sin embargo, a pesar de este conocimiento científico sobre la preferencia de las medidas familiares frente a las residenciales y del mandato que tanto la legislación internacional, nacional o autonómica en torno al internamiento en centros de los niños y niñas de menor edad, los datos sobre acogimiento residencial en nuestra Comunidad Autónoma en los últimos años siguen arrojando cifras excesivamente altas de niños, niñas y adolescentes acogidos en centros de menores y especialmente de niños y niñas de corta edad.

Por su parte, el pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó el pasado 29 de marzo la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (2023-2030) entre cuyas áreas se incluye de forma específica el Área Estratégica 6 «El Derecho a Vivir en Familia, Cuidados Alternativos y Desinstitucionalización».

Dentro del marco de la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (2023-2030) la desinstitucionalización implica un proceso mediante el cual transitamos desde un modelo de cuidados centrado en las instituciones a un modelo de cuidados y apoyos centrado en los derechos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Este proceso de transformación conlleva reducir el tamaño o cerrar los centros de cuidado alternativo de tipo residencial donde sea imposible el trato personalizado. Al tiempo, requiere establecer otros servicios de cuidados con modelos de atención definidos desde un enfoque de derechos del niño, niña o adolescente, la teoría del apego y la psicología del trauma. Este nuevo modelo no solo implica desplegar el acogimiento familiar en sus distintas modalidades e incrementar el apoyo que se da a las familias, sino también incrementar los apoyos a las familias de origen con intervenciones preventivas que puedan garantizar el desarrollo de niños y niñas en su propia familia y por último transformar los recursos residenciales actuales, y actualizar sus modelos de intervención para que sean más personalizados, flexibles y reparadores.

Con el Acuerdo de 12 de septiembre de 2023, el Consejo de Gobierno aprueba la formulación de la Estrategia en materia de cuidados y protección de los niños, niñas y adolescentes tutelados en Andalucía 2024-2030 cuya elaboración y aprobación se realizará conforme a las previsiones establecidas en el presente acuerdo.

FINALIDAD

La Estrategia tiene como finalidad describir y desarrollar un proceso de cambio en los cuidados y en la protección de los niños, niñas y adolescentes tutelados en Andalucía desde entornos institucionales a entornos familiares donde los servicios se prestan desde la comunidad.

Los OBJETIVOS generales son:

• Favorecer intervenciones preventivas que garanticen los derechos de niños y niñas en el ámbito de su propia familia.
• Impulsar medidas de integración familiar cuando sea necesaria la adopción de medidas de protección.
• Promover nuevos recursos de intervención y reparación en el propio medio que eviten el internamiento de niños, niñas y adolescentes en centros de protección.
• Impulsar la eliminación del ingreso en centros de los niños y niñas menores de seis años y la reducción progresiva del acogimiento residencial de los niños y niñas hasta los 13 años.
• Adaptar la red actual de recursos residenciales públicos y concertados a la necesidades de los perfiles reales de niños, niñas y adolescentes tutelados.

DOCUMENTOS

SUGERENCIAS

Actualmente se está trabajando en desarrollar la Estrategia de cuidados y protección de los niños, niñas y adolescentes tutelados de Andalucía. Si quieres aportar cualquier idea, formular propuestas u objetivos, puedes realizarlo través del siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.