Entrevista a Jesús Palacios González


Jesús Palacios González es Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Además es vocal del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores.


La acogida familiar es la medida más idónea para un niño o una niña en situación de riesgo o maltrato. Sin embargo, según las últimas estadísticas, el número de altas en acogimiento residencial sigue siendo mayor, tanto en el ámbito nacional como autonómico. ¿Cuál podría ser la causa?

En parte, la inercia que lleva a hacer las cosas como se venían haciendo; gestionar la realidad es siempre más fácil que transformarla. Por otra parte, se trata una cesión a la tentación por la facilidad: el acogimiento familiar es claramente más complejo que el residencial. En tercer lugar, la población afectada es invisible: una vez resuelto el problema de la separación de un menor de su familia y una vez ingresado en un centro, el problema queda silenciado hasta que hay que tomar la siguiente medida de protección (si es que hay alguna distinta a la institucionalización). Las tasas españolas de acogimiento residencial son escandalosas. Según las últimas estadísticas del Ministerio, por cada tres menores protegidos, dos pasan a acogimiento residencial y uno a acogimiento familiar o adopción. Y el problema no disminuye. En 1996 ingresaron en centros 5.568 menores, mientras que en 2005 lo hicieron 9.285 (2750 de los cuales fueron en Andalucía). Se trata de una auténtica anomalía en un sistema de protección que se quiere moderno y se reclama a favor de los derechos y la protección de la infancia.

¿Qué medidas serían necesarias para promover el acogimiento familiar?

En primer lugar, creer en él, creer que el acogimiento familiar es una buena medida de protección, que es una buena opción para acogedores y acogidos. Compromiso político, convicción y liderazgo técnicos. En segundo lugar, realizar buenas campañas de captación, teniendo en cuenta que las mejores y más eficaces son las que personas satisfechas con el acogimiento hacen en su entorno (el boca a boca). En tercer lugar, acertar con la modalidad de acogimiento que conviene en cada caso y con la adecuación del perfil de los acogedores para cada perfil de acogido. Luego, hay que apoyar mucho a los acogedores y a los acogidos, no desapareciendo los profesionales una vez que el acogimiento se constituye. Para ello hacen falta profesionales suficientes en número y bien preparados, que puedan llevar a cabo intervenciones eficaces (de formación, de valoración, de seguimiento y apoyo…). Además, convertir a los acogedores en participantes en el proceso de diagnóstico y de toma de decisiones, y no en meros receptores de las decisiones adoptadas en un despacho. Y los profesionales tienen que tener un número de familias razonable si se quiere que puedan atenderlas adecuadamente. Los acogimientos deben ser, en general, remunerados. No necesariamente para pagar por hacerlos, sino al menos para compensar por los gastos que inevitablemente conllevan. Y el pago debería llegar a fin de mes, no al año siguiente.

En los últimos años han aparecido nuevas modalidades de acogimiento como el de urgencia- diagnostico y el especializado o profesionalizado. ¿Cómo cree que se puede mejorar la intervención profesional ante la diversidad de situaciones?

Precisamente en la dirección apuntada por la pregunta: diversificando las modalidades de acogimiento y las características de la intervención profesional necesaria en cada caso. No es lo mismo dar apoyo a una pareja de abuelos que acogen permanentemente a un adolescente con problemas de conducta, que hacerlo a una pareja que acoge durante unos meses a un bebé de pocas semanas. En acogimiento no funciona la talla única y cada tipo de acogimiento requiere un enfoque bastante diferente. Saber qué modalidad corresponde a cada situación y qué apoyos son necesarios para que el acogimiento funcione resulta crucial de cara al éxito de esta compleja pero muy positiva medida del sistema de protección. Para los profesionales, formación y condiciones de trabajo adecuadas. Para el sistema, un manual de intervención profesional que fije estándares de calidad en las intervenciones profesionales. Y una valoración de la calidad de esas intervenciones y de su impacto.