Cristina Cruces Roldán

Consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía


¿Ven los niños y niñas andaluces una buena televisión?

Lo que no ven es una televisión pensada para ellos. A tenor de los datos que ha analizado el Consejo Audiovisual de Andalucía, sólo la mitad de los 50 programas que concentran el máximo interés de niños y niñas andaluces son calificados como específicamente “infantiles”. De ellos, las telenovelas y los dibujos animados, incluyendo aquí contenedores tipo La Banda o Club Megatrix, son los favoritos. A medida que avanzamos en los listados de preferencias encontramos sin embargo ejemplos especialmente poco adecuados para la infancia, como CSI Miami, Camera Café o El Internado, con espacios entre los puestos 12 y 16 de las audiencias. Entre los 13 y 18 años se dispara la tendencia: sólo uno de los 50 programas favoritos en estas franjas de edad está calificado como “juvenil”, ocupando las posiciones de privilegio series de ficción, cine de intriga y terror, telenovelas, “realityshows”... Los jóvenes se decantan por las telenovelas, las artes marciales (Pressing Catch) y las comedias de situación.

En relación con la calidad televisiva, no es aceptable que determinados “culebrones”, de fuerte contenido vejatorio para las mujeres, o películas adultas con violencia explícita y gratuita, tengan horarios plenamente accesibles a los menores, por no mencionar el tratamiento que reciben las relaciones humanas en algunos de los programas frívolos de la sobremesa. Pero el debate no sólo es una cuestión de calidad; incluso si vieran espacios excelentes, la pregunta sería: ¿tienen contenidos que se ajustan al grado de desarrollo evolutivo de la infancia y la adolescencia? Como Administración, no podemos olvidar que el espacio radioeléctrico es un servicio público, ni cerrar los ojos ante la constatación de que, con la excepción notable de Canal 2 Andalucía que emite casi el 40% de las horas de programación específicamente dirigida a menores, los operadores no suelen apostar por los intereses específicos de la infancia y la juventud ni por destinarles espacios de entretenimiento formativo. Antes al contrario, parece que algunos de ellos tratan de atraer las audiencias infantil y juvenil subsumiéndolas en la programación adulta, en sus intereses de mercado propios, antes que programando directamente para los menores, y que esta programación depende más de la concentración publicitaria en picos favorables para los potenciales consumidores infantiles, coincidentes con los tramos del desayuno, el almuerzo y la cena, que en una verdadera apuesta por responder a las expectativas de niños y niñas. Esto se acrecienta entre los operadores privados, que sólo aportan el 30% de la programación infantil que puede verse en nuestra Comunidad Autónoma.

En algunas cadenas como La Sexta, hemos constatado incluso que no existen programas para menores, tal vez porque este segmento de edad no es rentable para su perfil de audiencia.

¿Qué elementos inapropiados son los más frecuentes?

La preocupación del Consejo Audiovisual de no sólo es detectar los elementos inapropiados de las emisiones televisivas, sino también denunciar el raquitismo de los mensajes positivos, de signo educativo o de formación en valores de solidaridad, igualdad y respeto que – lejos de ser modelos de referencia- ocupan sólo intersticios de la programación.

En cualquier caso, para evaluar de forma homogénea los contenidos “apropiados” o “inapropiados” de las emisiones sería necesario un desarrollo normativo más preciso que sólo en algunos casos, como la identificación de menores en imágenes, tasa claramente los incumplimientos. La legislación nos habla de contenidos “inapropiados” si producen perjuicios al desarrollo físico, mental o moral de los menores: contenidos ilícitos de incitación a la compra, explotación de la confianza en adultos, situaciones peligrosas o de riesgo, sexismo y estereotipos de género, violencia, lenguaje inapropiado, fomento de la discriminación... Pero, cuando nos disponemos a profundizar en el estudio empírico de las emisiones, ¿quién dispone del medidor objetivo del “lenguaje apropiado”? ¿Y quién de variables incontestables para el cálculo de la igualdad? En suma, las indicaciones normativas sobre contenidos resultan bastante dispersas, imprecisas, y todavía conceden cierto peso subjetivo al criterio de “protección”. Es lógico: cerrar una limitación cuantitativa, como los minutos de publicidad permitidos, es relativamente sencillo. En esto, conviene recordar que tres operadores no sujetos a la competencia del Consejo Audiovisual de Andalucía (Tele5, Antena 3 y TVE1) superan durante los días laborables, de promedio, el límite legal de 12 minutos de publicidad por hora de emisión en el horario de protección reforzada. Pero, volviendo al argumento anterior, hacer estimaciones cualitativas, como la definición y medición de la violencia o del civismo, es siempre más complejo. En este sentido, el Consejo Audiovisual de Andalucía viene desarrollando acciones que generen baterías de indicadores de medición para los incumplimientos en contenidos, conectados con una doctrina teórica que afine cuáles y de qué manera han de reconocerse esos elementos. Entre los más frecuentes, los análisis realizados por el Consejo detectan contenidos inadecuados que vulneran la imagen e intimidad de los menores, su aparición reiterada en programas periódicos o su tratamiento en noticias comprometidas como litigios judiciales, violencia escolar e incluso pederastia, la desprotección frente a emisiones que implican interactividad donde no se hace explícita la prohibición de participar, como el “torpedeo” de sms con contenidos procaces y alusiones a la prostitución que pueden leerse perfectamente por niños y niñas, la pornografía en horario infantil, la publicidad no adecuada o engañosa, los contenidos sexistas y con estereotipos sociales discriminatorios, la presencia de violencia o comportamientos incívicos y las imágenes impactantes en ficción e informativos. Estos contenidos – que pueden tener peligrosos efectos emulatorios - se encuentran tanto en la programación como en la publicidad, donde quedan condensados y convertidos en mensajes subliminales, muy permeables para la psicología de los menores. En cuanto a la programación específicamente infantil, es necesaria además una labor de revisión y ajuste de la señalización. Valgan como muestra varias series de dibujos animados agraciadas entre las audiencias y señalizadas como infantiles -Los Simpson y los animes japoneses por ejemplo- que son, en origen, productos de destino adulto.

¿Cree efectivos los códigos de autorregulación de las propias cadenas o son necesarias acciones sancionadoras por parte de los poderes públicos?

Parece haberse demostrado la ineficiencia de la apuesta por una autorregulación que, sin embargo y pese a sus debilidades, debe seguir manteniéndose e impulsándose. Diversos códigos se han suscrito por todos los agentes del sistema audiovisual, y de entre ellos quizá las más defraudadas han sido las expectativas generadas en los últimos años por el código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, cuyo historial es bien conocido.

Evidentemente, en un momento de tránsito de la televisión analógica a la digital y de modificación de los soportes de emisión y recepción audiovisuales que afectan especialmente a los más jóvenes, el escenario es complejo. Pero, del mismo modo que los intereses de mercado no pueden imponerse autónomamente, tampoco las acciones del Consejo Audiovisual pueden ser fruto del apresuramiento, ni siquiera en aquellos temas que exigen una intervención contundente. Incluso si tiene atribuidas competencias sancionadoras, el Consejo es básicamente un órgano regulador que trabaja con decisiones, instrucciones y recomendaciones a los operadores, que sirve de mediador y que quiere fomentar la autorregulación. Un ejemplo reciente: ante las emisiones de pornografía y anuncios de contactos sexuales detectados en varias emisoras locales en la franja de protección reforzada, la decisión del Consejo Audiovisual de Andalucía fue, inicialmente, la remisión de un escrito a los operadores recordando la legislación y las sanciones tipificadas para sus incumplimientos y advirtiendo de que procedería a expedientar y sancionar las infracciones graves que se produjeran. Sólo después de este escrito se han producido los requerimientos de cese y la apertura de expedientes sancionadores, que por cierto han reducido drásticamente la presencia en la televisión local de pornografía en franja horaria protegida. En añadidura, el Consejo ha elevado a la Fiscalía y a la Dirección General de Comunicación de la Junta de Andalucía todas estas incidencias.

Pero las recomendaciones del Consejo también han de dirigirse al legislador. Por ejemplo, en España tenemos una problemática específica relativa al control horario respecto a otros países europeos, que hemos tenido ocasión de debatir recientemente en Bruselas. De nuestro muestreo se extrae que casi una cuarta parte de los menores andaluces está viendo la televisión entre las 10 y las 11 de la noche, lo cual representa más de 275.000 niños y niñas de entre 4 y 12 años. Conviene reflexionar sobre si la directiva europea que recomienda una franja protegida entre las 6 y las 22 horas, no debería ajustarse en el caso español a las condiciones culturales en que se desenvuelve la vida social y familiar, y exigir a resultas de ello un retardamiento horario de esta franja.

Todo ello debería ir acompañado de una verdadera corresponsabilidad social frente a los medios. En nuestros estudios aparecen datos que, a mí que soy madre de tres niñas pequeñas, me parecen alarmantes: los menores de trece años visionan 2,04 horas de televisión entre semana y 2,84 horas los fines de semana; en un 40% de los hogares andaluces el control de los educadores sobre lo que los menores ven en televisión no existe o es muy relajado, siendo por cierto las madres las que ejercen mayoritariamente ese control; en más de un 30% de ellos hay un aparato receptor ubicado en la habitación de niños y niñas. Ante este panorama, se demuestra que aquellas familias que dialogan con sus hijos e hijas sobre la televisión presentan menos tiempo de visionado infantil, y este dato está – no por casualidad- correlacionado con otros como unos mejores rendimientos escolares. Son precisos, sin duda, un mayor control parental del visionado y una educación audiovisual que, en realidad, son asignatura pendiente de todos: escuela, familia y administraciones públicas.

¿Podría explicar el funcionamiento del Consejo Audiovisual a la hora de proteger a la infancia y adolescencia?

La protección de los menores es una de las prioridades del Consejo Audiovisual, que tanto en su Ley de Creación como en su reflejo en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se erige en autoridad principal de esta protección para el ámbito audiovisual. En aras de garantizarlo, el Consejo mantiene varias líneas de intervención. En primer lugar, la ODA, la Oficina de Defensa de la Audiencia, una ventana ciudadana hacia donde se pueden dirigir quejas, sugerencias o reclamaciones. De las 55 resoluciones emitidas por el Consejo, más de la mitad tienen que ver con la protección de los menores, muchas de ellas a instancias de la ODA. En segundo lugar, el control de oficio de los contenidos, a través de un sistema de seguimiento que graba 7.728 horas de emisión semanales tanto del operador autonómico como de cadenas locales. Ello permite, entre otros, gestionar un sistema de alertas propio en el que los indicadores de incumplimientos relativos a menores son una apuesta metodológica principal, especialmente en horario de protección infantil. En tercer lugar, la realización de investigaciones y ponencias monográficas sobre los ámbitos de competencia del Consejo, a través de estudios de contenido producidos gracias a ese seguimiento y que han dado lugar a decisiones, recomendaciones e instrucciones, y mediante encuestas y trabajos finalistas tales como el módulo relativo a la infancia del I Barómetro Audiovisual de Andalucía, la realización del Estudio sobre Publicidad de Juguetes, campaña 2006- 07, el Barómetro de Televisión e Infancia en Andalucía, 2008 y el Informe General sobre Menores y Televisión en Andalucía, que se presenta en este VII Foro Andaluz de la Infancia e incorpora estudios inéditos sobre programación, publicidad y audiencias que esperamos sean del interés de todos los asistentes.